Los legisladores estatales están considerando una propuesta de ley que, si se aprueba, podrÃa potencialmente provocar otra pelea en los tribunales entre los republicanos de Texas y el gobierno federal sobre las aplicación de polÃticas de inmigración.
El comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas se reúne el jueves y debatirá el (HB 4, en inglés), que convertirÃa el ingreso no autorizado en Texas en un delito estatal. También autorizarÃa a las fuerzas del orden locales y estatales a ordenar el regreso a México de cualquier persona detenida por este delito.
El comité también escuchará testimonios relacionados con una urbanización del sureste de Texas llamada Colony Ridge, una comunidad que, según los republicanos de extrema derecha, es un refugio para inmigrantes indocumentados. El comité se reúne a las 10:30 am o al levantarse la sesión de la Cámara de Texas en el Capitolio de Texas, donde los legisladores volvieron a trabajar a principios de este mes después de que el gobernador Greg Abbott convocó de la Legislatura de Texas.
Tal como fue presentada, la HB 4 convertirÃa el ingreso no autorizado en un delito menor de clase B, pero elevarÃa la ofensa a un delito grave de cárcel estatal para quien hubiera sido expulsado previamente en virtud de la ley. En lugar de detener a un inmigrante, un agente podrÃa optar por ordenarle que regrese a México una vez recabada toda la información que le solicite. Si la persona no cumple, podrÃa ser acusada de un delito grave de segundo grado, que conlleva penas de prisión de dos a 20 años.
La aplicación de la ley de inmigración es una prioridad clave para Abbott durante esta tercera ronda de horas extraordinarias legislativas, incluso mientras la misión fronteriza dirigida por el estado, llamada Operación Estrella Solitaria, continúa en plena vigencia. Esa operación multimillonaria ha desplegado miles de policÃas estatales y soldados de la Guardia Nacional de Texas en la frontera desde que comenzó en 2021.
La audiencia del jueves se produce una semana después de que el Senado de Texas aprobara el Proyecto de Ley del Senado 11, que convertirÃa la entrada no autorizada en un delito estatal. El senador estatal Brian Birdwell, autor de esa propuesta, dijo que la legislación obligarÃa a los migrantes y otros solicitantes de asilo a ingresar al paÃs a través de un puerto de entrada formal y evitarÃa que los dueños de tierras permitan que las personas ingresen ilegalmente a través de su propiedad.
Ambas medidas podrÃan ser impugnadas ante los tribunales. Los opositores y algunos expertos en polÃticas públicas dicen que la aplicación de las leyes de inmigración es principalmente competencia del gobierno federal. El representante estatal Rafael Anchia, un demócrata de Dallas que forma parte de la comisión de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes, dijo que cree que Abbott -y el resto de los lÃderes del Partido Republicano- tiene en mente preparar un recurso judicial, dada la mayorÃa conservadora del Tribunal Supremo.
"Creo que el gobernador y otros están tratando de llevar los casos de prueba a un Tribunal Supremo [de EE.UU.] afÃn lo antes posible. Y creo que esto es parte de ello", dijo a The Texas Newsroom.
Anchia añadió que la legislación debatida a principios de este año, incluido un proyecto de ley que habrÃa establecido una nueva fuerza policial fronteriza de Texas, habrÃa sido un desafÃo directo a la decisión del Tribunal Supremo en el , que sostuvo que la aplicación de la ley de inmigración es principalmente responsabilidad del gobierno federal.
El comité también podrÃa avanzar otras propuestas el jueves, incluyendo el el proyecto de ley del Senado conocido como SB 11 y el proyecto de ley del Senado conocido como SB 4, que aumentarÃa las penas para los operadores de escondites y traficantes de personas.
Colony Ridge
La comisión de Asuntos de Estado también escuchará testimonios públicos e invitados sobre Colony Ridge, concretamente "en relación con la seguridad pública, la seguridad, la calidad medioambiental y la propiedad" en esa comunidad y zonas similares.
La urbanización ha acaparado la atención de todo el estado a raÃz de los informes de medios de comunicación de derecha que afirman que abastece a personas que se encuentran ilegalmente en el paÃs y que la delincuencia es rampante en la zona.
"Algunos informes afirman que Colony Ridge puede haberse convertido en un imán para personas de todo el mundo que no son ciudadanos de EE.UU.", dijo el vicegobernador Dan Patrick en después de la zona el mes pasado.
"Con la administración Biden permitiendo que millones de personas crucen la frontera de Texas, muchos se preguntan si esta comunidad se va a convertir en su propio enclave con una población mayor que una ciudad de tamaño medio dentro del estado de Texas".
El desarrollador ha rebatido esas acusaciones y ha invitado a legisladores y medios de comunicación a recorrer la zona de 33,000 acres a principios de este mes, Houston Public Media.
"Verlos tomar medidas o proponer medidas basados en rumores y mentiras fue decepcionante", dijo a HPM el desarrollador Trey Harris, que es copropietario con dos miembros de la familia. "Por eso querÃamos que los legisladores vinieran al barrio y vieran por sà mismos lo que hay aquÃ".
A discusión la próxima semana
Hay más proyectos relacionados con la frontera en la agenda de los legisladores estatales de la próxima semana. El lunes, los redactores del presupuesto de la Cámara de Representantes de Texas se reunirán para estudiar la posibilidad de destinar 1,500 millones de dólares más a la construcción de una valla en la frontera del estado con México. Abbott incluyó esta iniciativa cuando puso en marcha la Operación Estrella Solitaria y ha promocionado Texas como el único estado que construye su propio muro en recientes
Durante la sesión ordinaria de la Legislatura de Texas que concluyó en mayo, los legisladores destinaron a la seguridad fronteriza. De aprobarse, el último desembolso se transferirÃa a la oficina del gobernador y financiarÃa dos años de construcción.
La actual sesión legislativa especial comenzó el 9 de octubre y puede durar hasta 30 dÃas, aunque el gobernador puede volver a convocar a los legisladores cuantas veces quiera.
Traducido por Maria Arce